“OPERACIÓN DE IMPUNIDAD”: PAULÓN REACCIONÓ AL DICTAMEN QUE CAMBIÓ EL RUMBO DE LA CAUSA ADORNI
El diputado nacional Esteban Paulón salió al cruce del dictamen del fiscal federal Gerardo Pollicita en la investigación patrimonial contra Manuel Adorni y calificó el cambio de rumbo del expediente como una “escandalosa operación de impunidad”. El legislador cuestionó que la Fiscalía considerara que no existen elementos suficientes para sostener una acusación por enriquecimiento ilícito y solicitara que la causa pase al fuero Penal Económico para analizar una posible evasión tributaria.
La decisión generó fuertes reacciones en distintos sectores de la oposición, que pusieron en duda el alcance de las conclusiones fiscales y reclamaron que se profundice el análisis de las operaciones económicas del exjefe de Gabinete. Paulón expresó su rechazo a través de las redes sociales y cuestionó el resultado de una investigación que había puesto bajo la lupa el crecimiento patrimonial, los gastos y los movimientos financieros del exfuncionario.
El dictamen de Pollicita no representa un sobreseimiento ni significa que la investigación haya quedado cerrada. El fiscal consideró que las pruebas reunidas hasta el momento no permiten sostener el delito de enriquecimiento ilícito, pero pidió que se investigue si existieron irregularidades tributarias. De esta manera, el expediente podría continuar en otro fuero judicial, con un objeto de investigación diferente.
Uno de los puntos centrales del análisis estuvo relacionado con la explicación presentada por la defensa de Adorni sobre el origen de parte de los fondos utilizados en distintas operaciones. Según ese descargo, una porción importante del dinero tendría su origen en la liquidación de criptomonedas Bitcoin adquiridas años antes de su ingreso a la función pública. Esa explicación fue considerada relevante para evaluar si el incremento patrimonial podía encuadrarse en el delito investigado.
Sin embargo, las críticas opositoras apuntaron a que el cambio de calificación no despeja todos los interrogantes sobre los movimientos económicos examinados. Entre los aspectos que generaron cuestionamientos aparecen operaciones en dólares, gastos realizados en efectivo, compras y compromisos inmobiliarios, préstamos y diferencias entre ingresos y egresos que habían sido objeto de análisis durante la investigación.
La controversia también reavivó el debate sobre los controles patrimoniales de quienes ocupan cargos públicos y la obligación de justificar el origen de los fondos utilizados. Para los dirigentes que cuestionaron el dictamen, el traslado de la investigación hacia una posible infracción tributaria no debería impedir que se examinen de manera exhaustiva las operaciones que despertaron sospechas.
El pronunciamiento fiscal deberá atravesar las instancias judiciales correspondientes y todavía no constituye una decisión definitiva sobre la situación de Adorni. Mientras tanto, el caso vuelve a generar tensión política y pone nuevamente en discusión el alcance de las investigaciones sobre el patrimonio de los funcionarios y los criterios utilizados para determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una acusación penal.
